La Generalitat Valenciana va entrar en fallida l’any passat, segons es desprén de la lectura del Compte General de 2011, publicat fa una setmana. En concret, la Generalitat va gastar quasi el doble del que va ingressar. O, dit d’una altra manera, els ingressos només varen arribar a cobrir un 58% de la despesa. Aquestes dades cal sumar-les al dèficit acumulat de la Generalitat.
I, a més a més, encara hi ha xifres que deixen més clara l’asfíxia que està provocant el PP en el govern als sectors productius del País Valencià. Comparem. Els impagaments de la Conselleria d’Indústria arribaven al 70% del total. Pel contrari, els impagaments del deute només eren del 3%. És a dir, ací només cobren els bancs i el benestar de les persones està supeditat al pagament del deute bancari, tal com estableix la reforma constitucional que varen aprovar l’agost passat PP i PSOE.
Estem parlant d’un gran desastre de gestió que pot hipotecar el futur de tota una generació si no s’hi actua decididament per posar-hi remei. És per això que hem cregut interessant oferir-vos aquest article publicat pel periodista Pere Rostoll al diari Información d’Alacant.
Las deudas y la falta de liquidez del Consell baten récords al cierre de 2011
La liquidación de las cuentas del último año certifica el colapso financiero de la Generalitat
La Generalitat batió todos los récords durante el año 2011… a la hora de acumular deudas y falta de liquidez para afrontar sus pagos. El balance de las cuentas autonómicas del último año, publicado ayer en el Diari Oficial de la Comunitat (DOCV), certifica el colapso financiero del Consell con una deuda insostenible que ya equivale a dos presupuestos enteros y con un fondo de maniobra negativo -un indicador que mide el margen de liquidez de una administración- que se ha duplicado en apenas un año hasta llegar a los 15.500 millones de déficit, la friolera de 2,5 billones de las antiguas pesetas. La situación alcanza, a día de hoy, niveles tan preocupantes que, en el caso de que la Generalitat fuera una empresa, estaría claramente en supuesto legal de quiebra con un patrimonio negativo de más de 8.500 millones, un mal indicador que se ha multiplicado por cuatro en apenas doce meses.
Los datos del ejercicio de 2011 -año con gestión compartida a caballo entre Francisco Camps y Alberto Fabra- ponen encima de la mesa, una vez más, la desastrosa situación de las arcas autonómicas. Puede parecer un tópico. Pero no lo es. No se trata, en cualquier caso, de una liquidación presupuestaria más: es la peor en tres décadas de autogobierno y pone en la picota, al margen de la endémica falta de financiación de la Generalitat y del notable descenso de los ingresos en unos 1.000 millones como consecuencia de la crisis económica, la gestión realizada por el PP durante los últimos 17 años al frente del Consell. Empezando por la deuda. Ese indicador ejemplifica la agonía financiera de una administración absolutamente asfixiada e incapaz de afrontar con solvencia los pagos que genera el “día a día”.
De hecho, según figura en el balance, en apenas doce meses, la Generalitat pasó de mantener deudas con sus acreedores por importe de unos 19.200 millones a tener obligaciones pendientes de pago por 26.328, más de 7.000 millones de diferencia al alza. Para poder saldar todas esas deudas, la Generalitat tendría que paralizar su actividad durante casi dos años y dedicar todo su presupuesto a pagar; o que cada valenciano, a modo de colecta, aportara de su bolsillo más de 5.000 euros. El aumento se corresponde con un crecimiento de los acreedores a corto plazo, que se incrementan en cerca de 6.000 millones a raíz de la decisión del Gobierno de aflorar recibos pendientes de abonar a proveedores -un plan al que la Generalitat se acogió con un préstamo de 4.500 millones, uno de los más altos del Estado- además de un paquete de “facturas en los cajones”, que no tienen reflejo en los presupuestos pero que deben ser pagadas. El incremento de las deudas a corto plazo, de esta manera, revela las dificultades del Consell para hacer frente a sus obligaciones más inmediatas.
El aumento de los “números rojos” supone, en cualquier caso, un gravísimo problema de liquidez, algo que también queda al descubierto con la liquidación de las cuentas autonómicas. Al cierre de 2010, como en su día publicó este periódico, el fondo de maniobra -un indicador que mide la diferencia entre lo que la Generalitat debe ingresar y pagar a corto plazo- alcanzó niveles negativos por valor de 8.080 millones, 900 millones más que en 2009. Era un récord histórico. Un déficit de liquidez que alimentaba la incapacidad de la Generalitat para abonar las facturas de su gestión diaria en plazos razonables. Nunca se había llegado a ese nivel. Pues bien, la liquidación de las cuentas del Consell, actualizadas a 31 de diciembre de 2011, todavía es peor. Infinitamente. El déficit de liquidez casi se ha duplicado y alcanza los 15.525 millones de euros. Conclusión: las deudas a corto plazo se han multiplicado por el creciente nivel de impagos.
Menos dinero en las cuentas
La evolución negativa del fondo de maniobra tiene su continuidad, además, con un descenso de las cantidades que la Generalitat acumula en su tesorería, el líquido del que dispone en sus cartillas de ahorro. A 31 de diciembre de 2011, el Ejecutivo de Alberto Fabra acumulaba en sus cuentas apenas 260 millones de euros, 350 menos que a finales de 2010, lo que supone una caída del 57,34% y dejar al Consell un margen cada vez menos para afrontar pagos. Una panorama muy complicado. Algo que también queda ejemplificado en el indicador del déficit entre los ingresos y los gastos.
En sus primeros seis meses al frente del Consell, Alberto Fabra no cumplió con la máxima que viene pregonando: equilibrio presupuestario. El desfase alcanzó, como resultado del ejercicio, los 3.642 millones, un resultado negativo que, sin embargo, es mayor toda vez que no se han incluido una serie de facturas que luego sí se aportaron al plan de pago a proveedores y que superarían los 860 millones de euros. ¿Qué ocurriría si la Generalitat se gestionara como una empresa? Pues que, simplemente, estaría en supuesto legal de quiebra con un patrimonio negativo de 8.500 millones. ¿Y eso que significa? Pues que, ni siquiera contando con el conjunto de sus bienes, el Consell podría pagar todas sus facturas pendientes. Saldaría algunas deudas pero necesitaría aún esos 8.500 millones para completar abonos pendientes. ¿Nota del examen a las cuentas? Un clarísimo suspenso.